Restricciones y miedo a COVID-19 impactan migración en frontera EEUU-México / Year-old US-Mexico migration pact a ‘humanitarian disaster,’ groups allege

Tucson (AZ), (EFE News).- La frontera entre Estados Unidos y México se ha transformado radicalmente en el último año por las duras políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que aunadas al miedo y las restricciones generadas por la pandemia de COVID-19 están teniendo un duro impacto en la inmigración proveniente de países centroamericanos.

De acuerdo con las más recientes cifras dadas a conocer el viernes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado fueron arrestados un total de 23.118 migrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México. Esto representa un descenso de 84 % frente a las 144.116 detenciones reportadas en mayo de 2019, una cifra récord en un solo mes durante la presente administración, iniciada en enero de 2017.

De acuerdo con CBP, 82 % de los arrestos en la frontera en mayo pasado correspondieron a migrantes mexicanos, mientras que 13 % fueron personas originarias del Triangulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Es una gran diferencia si se compara con mayo de 2019, cuando 72 % de las detenciones correspondieron a migrantes del Triangulo Norte, en su mayoría unidades familiares, y solo 16 % a mexicanos.

Analistas consideran que este descenso en las detenciones se debe a una serie de factores que están impactando el flujo migratorio, la COVID-19 uno de ellos.

“El coronavirus cerró las fronteras. Es importante recordar que no solo la frontera de Estados Unidos con México está cerrada, sino también está cerrada la frontera de México con Guatemala, que hay cierres en las fronteras de El Salvador, de Honduras”, dijo a Efe Elena Olea, directora asociada de Alianza Américas, una red trasnacional enfocada en mejorar la calidad vida de las personas en el corredor migratorio EE.UU.-México-Centroamérica.

Mientras que el año pasado las continuas llegadas de caravanas provenientes de Centroamérica a la frontera de México con Estados Unidos acaparaban los titulares en los medios de comunicación, en los últimos meses no se ha vuelto a organizar ninguna de ellas.

La simple salida de los migrantes centroamericanos de sus países de origen se ha vuelto más difícil, pues se requiere de mayores esfuerzos y recursos para poder atravesar las fronteras de forma clandestina y llegar a Estados Unidos.

La mayoría de los albergues que asisten los migrantes centroamericanos en su camino están cerrados, muchos de ellos por el temor a la COVID-19.

“Por el otro lado, la información ya ha circulado por toda la ruta que la frontera entre Estados Unidos y México está cerrada, que es más difícil obtener el asilo; todos estos factores hacen que las personas estén pensando en mejor no salir de sus países”, dijo Olea.

En los últimos meses la Administración Trump ha implementado duras medidas como “deportaciones exprés” en las que, de acuerdo con CBP, en menos de dos horas un migrante indocumentado que es arrestado en la frontera es deportado de regreso a territorio mexicano. Desde que se instrumentó la medida a finales de marzo han sido deportados 43.000 migrantes de esta manera en la frontera.

Las medidas tomadas por la presente Administración para cerrar las cortes de inmigración ha incrementado el tiempo de espera en la frontera para migrantes que esperan su turno para presentar su caso de asilo.

Este proceso se podría complicar aun más después de que en esta semana se anunciara que el Gobierno de Trump propone ampliar y establecer nuevas restricciones al proceso de asilo. La propuesta afectaría a personas que llegan a este país sin haber solicitado asilo en otros países.

“La presente Administración está terminando con todas las protecciones que por ley se les deben otorgar a las personas que buscan asilo, está quebrantando nuestro propio sistema y violando derechos fundamentales”, dijo a Efe Anna Ochoa O’Leary, codirectora del Instituto de Migración Binacional de la Universidad de Arizona con base en Tucson.

Indicó que la deportación de menores indocumentados sin darles la oportunidad de presentar una solicitud de asilo está teniendo un efecto negativo en todas las personas que buscan protección escapando de la violencia de sus países.

Los migrantes centroamericanos también están siendo golpeados por las medidas migratorias establecidas por países como México, donde muchos se quejan de ser víctimas tanto de las autoridades locales como del crimen organizado.

Ambas expertas coinciden en que la crisis de salud y económica a nivel mundial generada por la pandemia de COVID-19 podría derivar en una nueva oleada de migrantes en los próximos meses llegando a la frontera de Estados Unidos en los próximos meses.

Year-old US-Mexico migration pact a ‘humanitarian disaster,’ groups allege

EL PASO, Texas (Border Report) — A little more than a year ago, border officials struggled to process the thousands of asylum seekers arriving daily while fending off allegations of abuses at overcrowded detention centers.
Then came what Trump administration officials called one of their “game changers” amid the migrant surge: an enforcement deal with Mexico sealed under threat of heavy tariffs.

Mexico deployed troops to its southern and northern borders, agreed to receive more foreigners sent over by the United States under the Migrant Protection Protocols (MPP) program and cracked down on human-smuggling networks.

The migrant caravans vanished, the number of migrants presenting themselves at U.S. ports of entry plummeted and detention centers were no longer bursting at the seams.But what Department of Homeland Security officials see as an unfettered success story, immigration activists and some scholars say the U.S.-Mexico immigration deal merely pushed the humanitarian crisis south of the border.

“I think it’s been a failure. What it has (brought) is abuse and violation of human rights of immigrants both in Mexico and the United States,” said Fernando Garcia, executive director of El Paso’s Border Network for Human Rights. “It’s very unfortunate that Mexico accepted doing the dirty job of (enforcing) the U.S. immigration policies.”

Garcia, who visited the Mexico-Guatemala border shortly after the June 7, 2019, binational agreement was implemented, said he saw checkpoints, army patrols, overcrowded detention centers and a certain xenophobia toward the migrants.

The MPP program has sent nearly 65,000 asylum seekers to wait out in Mexico asylum hearings in the United States. Activists have long complained that exposes them to crime in cities like Juarez, Nuevo Laredo and Matamoros, where drug cartel wars are raging and street gangs prey on vulnerable populations.

Now, they also face the risk of catching COVID-19 in places where they may not have access to adequate health care or even testing, observers say.

“In the months following the agreement, Mexico apprehended a record number of people,” the Washington Office for Latin America (WOLA) said in an analysis of the year-old immigration-enforcement deal. “However, this increase came with widespread reports of authorities detaining and deporting migrants without due process, a problem that has intensified during the COVID-19 pandemic.”

The analysis by Maureen Meyer and Elyssa Pachico said Mexico’s crackdown on Central Americans and others overfilled detention centers there and forced other migrants to take clandestine routes north that exposed them to crime and abuse.

“Past experiences show that this hardline approach may result in temporary decreases in regional migration, but smugglers don’t go out of business,” the analysis said. “And while the COVID-19 pandemic is currently having a major impact on mobility and migration worldwide, it has not completely stopped the movement of people fleeing violence and dangerous conditions.”