Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza demandas ambientales contra muro de Trump / U.S. Supreme Court spurns environmental challenge to Trump’s border wall

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes ocuparse de la demanda de cuatro grupos defensores del medioambiente contra las atribuciones del Gobierno del presidente Donald Trump para construir un muro a lo largo de la frontera con México con el propósito de contener la migración ilegal.

Desde su campaña en las elecciones de 2016 y su gestión en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la construcción de una muralla a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera de EE.UU. con México y hasta ahora su Gobierno ha completado obras en unos 320 kilómetros.

El Centro para la Diversidad Biológica, el fondo de Defensa Legal de los Animales, los Defensores de la Vida Silvestre y el Centro Ambiental del Suroeste alegan que las obras perjudicarían los hábitat de vida silvestre poniendo en peligro especies como el puma, el lobo gris mexicano y los vacunos.

Trump también prometió que México pagaría por la construcción del muro y, en ausencia de esa contribución, el mandatario ha recurrido a fondos ya asignados por el Congreso para obras militares.

El Tribunal Supremo autorizó el año pasado al Gobierno para que usara esos fondos del Pentágono en el reemplazo de barreras a lo largo de la frontera en Arizona, Nuevo México y California.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), dictaminó la semana pasada que el desvío de 2.500 millones de dólares de fondos asignados al Pentágono violó la Constitución y es ilegal.

Esta decisión respondió a las demandas iniciadas por California y a la cual se sumaron varios estados.

El caso se remonta a junio de 2019, cuando un juez federal de Oakland (California) bloqueó por primera vez esta partida presupuestaria para la construcción del muro, una decisión que la Administración Trump recurrió y pidió amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decidía el caso judicialmente.

Un mes después, en julio, y en una ajustada decisión por cinco votos a cuatro, el máximo tribunal de EE.UU. accedió a la petición del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizaran los 2.500 millones, pero no entró a valorar la legalidad de la desviación del dinero asignado al Pentágono.

Con la decisión de este viernes por parte del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -la instancia judicial inmediatamente inferior al Supremo-, por tanto, se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores y el caso se trasladará con toda probabilidad de nuevo al Supremo, que esta vez sí deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

EFE

U.S. Supreme Court spurns environmental challenge to Trump’s border wall

(Reuters) – The U.S. Supreme Court on Monday declined to hear a challenge by four environmental groups to the authority of President Donald Trump’s administration to build his promised wall along the border with Mexico.

The justices turned away an appeal by the groups of a federal judge’s ruling that rejected their claims that the administration had unlawfully undertaken border wall projects in Arizona, California, New Mexico and Texas harmful to plant and animal life. The groups had argued that the 1996 law under which the administration is building the wall gave too much power to the executive branch in violation of the U.S. Constitution.

The groups that sued are the Center for Biological Diversity, the Animal Legal Defense Fund, Defenders of Wildlife and the Southwest Environmental Center. They said the wall construction efforts would harm plants, wildlife habitats and endangered species including the jaguar, Mexican gray wolf and bighorn sheep.

The border wall is one of Trump’s signature 2016 campaign promises, part of his hardline policies toward illegal and legal immigration. The Republican president has vowed to build a wall along the entire 2,000-mile (3,200-km) U.S.-Mexico border. He promised that Mexico would pay for it.

Mexico has refused.
The 1996 law, aimed at combating illegal immigration, gave the U.S. government authority to build border barriers and preempt legal requirements such as environmental rules. It also limited the kinds of legal challenges that could be brought.

The environmental groups argued that the law was unconstitutional because it gave too much power to the executive branch – in this case the Department of Homeland Security – to get around laws like the Endangered Species Act and the National Environmental Policy Act without congressional input.

Progress toward building the wall has been limited because Congress has not provided the funds Trump has sought, leading him to divert money – with the blessing of the Supreme Court – from the U.S. military and other parts of the federal government.

Trump on June 23 visited a newly built section of the wall along the frontier with Mexico in San Luis, Arizona, autographing a plaque commemorating the 200th mile (320 km) of the project.

Reporting by Jan Wolfe; Editing by Will Dunham