Dictan sentencia contra ex presidente y ministro boliviano en EE.UU. / U.S. Appeals Court Rules Against Former Bolivian President and Defense Minister Over 2003 Massacre
Miami, FL – Esta semana, un tribunal federal de apelaciones de Miami anuló una sentencia de un tribunal de primera instancia a favor del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el ex ministro de defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por la masacre de indígenas desarmados en 2003.
Un jurado declaró responsables a los ex funcionarios en virtud de la ley de protección a las víctimas de tortura (TVPA) y otorgó a los demandantes 10 millones de dólares en daños y perjuicios en abril de 2018, después de un juicio de un mes de duración que incluyó seis días de deliberaciones. El juicio marcó la primera vez en la historia de EE.UU. que un ex jefe de estado se sentó ante sus acusadores en un juicio de derechos humanos. En un movimiento inusual, un mes más tarde el tribunal de primera instancia anuló el veredicto del jurado y dictó su propio fallo que declaraba a los acusados no responsables por falta de pruebas.
En noviembre de 2019, dos de los demandantes, cuya joven hija había sido asesinada por soldados en la masacre, viajaron a Miami para que se escuchara su apelación. Hoy, la corte de apelaciones anuló la sentencia de la corte de distrito y remitió el caso a la corte de distrito para procedimientos adicionales. Además, el tribunal de apelaciones sostuvo que los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio por reclamos relacionados con homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir ciertas pruebas que eran favorables para los acusados.
“Esta es una noticia maravillosa”, dijo Sonia Espejo, cuyo esposo Lucio fue asesinado en la masacre de 2003. “Hemos luchado por tanto tiempo. Seguiremos luchando, pero por hoy, me siento feliz. Me siento en calma”.
El tribunal de apelación sostuvo que los demandantes aportaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con la conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no suponían ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos fueron fusilados mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros fueron fusilados mientras se escondían o huían”.
La corte de apelaciones revocó el fallo del tribunal inferior y remitió el caso al tribunal de distrito para que decidiera si el veredicto del jurado debía restablecerse con arreglo a la norma adecuada, y si debía celebrarse un nuevo juicio sobre las demandas por homicidio culposo relacionadas con los demandantes.
En septiembre y octubre de 2003, actuando bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, el ejército boliviano mató a 58 de sus propios ciudadanos e hirió a más de 400, casi todos ellos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la “Guerra del Gas”. Entre los muertos había una niña de ocho años, una mujer embarazada (cuyo feto también murió) y ancianos. Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos, donde han vivido desde entonces. Ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2003 por su papel en los asesinatos. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados en el mismo caso, pero no pudieron ser juzgados en ausencia bajo la ley boliviana.
El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre.
En el juicio de tres semanas, un ex soldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar a “cualquier cosa que se mueva” en una comunidad civil. Otro vio a un oficial militar matar a un soldado por negarse a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados. Los testigos también relataron que los tanques rodaron por las calles y los soldados dispararon durante horas, incluso en hogares y a civiles huyendo y desarmados.
U.S. Appeals Court Rules Against Former Bolivian President and Defense Minister Over 2003 Massacre
Miami, FL – This week a federal appeals court in Miami vacated a trial court judgment that had been entered in favor of Bolivia’s former president, Gonzalo Sánchez de Lozada, and former defense minister, José Carlos Sánchez Berzaín, for the massacre of unarmed Indigenous people in 2003.
A jury found the former officials liable under the Torture Victims Protection Act (TVPA) and awarded plaintiffs $10 million in damages in April 2018, after a month-long trial that included six days of deliberations. The trial marked the first time in U.S. history that a former head of state sat before his accusers in a U.S. human rights trial. In an unusual move, a month later the trial court set aside the jury verdict and entered its own judgment holding the defendants not liable based on insufficient evidence.
In November 2019, two of the plaintiffs, whose young daughter had been killed by soldiers in the massacre, traveled to Miami to have their appeal heard. Today, the Court of Appeals vacated the district court’s judgment and remanded the case to the district court for further proceedings. In addition, the Court of Appeals held that plaintiffs were entitled to a new trial on related wrongful-death claims because the district court had abused its discretion in admitting certain evidence that was favorable to the defendants.
“This is such wonderful news,” said Sonia Espejo, whose husband Lucio was killed in the 2003 Massacre. “We have fought for so long. We will continue fighting, but for today, I feel happy. I feel calm.”
The appellate court held that plaintiffs provided sufficient evidence that “soldiers deliberately fired deadly shots with measured awareness that they would mortally wound civilians who posed no risk of danger. None of the decedents were armed, nor was there evidence that they posed a threat to the soldiers. Many were shot while they were inside a home or in a building. Others were shot while they were hiding or fleeing.”
The appellate court vacated the lower court’s judgment and remanded the case to the district court to decide whether the jury verdict should be reinstated under the proper standard, and whether to hold a new trial on plaintiffs’ related wrongful death claims.
In September and October 2003, acting under the authority of Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín, the Bolivian military killed 58 of its own citizens and injured more than 400, almost all of them from indigenous communities, during a period of civil unrest known as the “Gas War.” Among those killed were an eight-year-old girl, a pregnant woman (whose fetus also died), and elderly people. After the massacre, Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín fled to the United States, where they have lived since. Former military commanders and government officials who acted under the authority of the two men were convicted in Bolivia in 2003 for their roles in the killings. Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín were indicted in the same case but could not be tried in absentia under Bolivian law.
The case was brought by the family members of eight people killed during the massacre.
At the three-week trial, a former soldier in the Bolivian military testified that he was ordered to shoot at “anything that moves” in a civilian community. Another witnessed a military officer kill a soldier for refusing to follow orders to shoot at unarmed civilians. Witnesses also recounted that tanks rolled through the streets and soldiers shot for hours on end, including into homes and at fleeing, unarmed civilians.
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