La Corte de La Haya decidió investigar a Nicolás Maduro por graves violaciones a los derechos humanos /The Hague Court decided to investigate Nicolás Maduro for serious human rights violations
El tribunal Penal Internacional resolvió avanzar con el caso en el que se analizan posibles delitos de lesa humanidad por parte del régimen chavista
La Corte Penal Internacional (CPI) resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, que está acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil.
En principio, el régimen de Maduro ya habría sido notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan
El fiscal jefe de la CPI había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.
La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela
“Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la investigación “abre una puerta a la justicia”.
“Hay sentimientos encontrados”, contó a la agencia AFP Elvira. “Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir”, lamenta.
Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
Venezuela vive su “peor” momento en materia de derechos humanos en 30 años
El país caribeño vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.
“Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) habló de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.
“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela” por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.
En tanto, sotuvo: “Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.
Uzcátegui subrayó en particular que Provea ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.
“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.
The Hague Court decided to investigate Nicolás Maduro for serious human rights violations
The International Criminal Court (ICC) resolved to advance its investigation against Nicolas Maduro and the Chavista regime in Venezuela, which is accused of a series of human rights violations due to violence against the opposition and civil society.
In principle, the Maduro regime I would have already been notified of the ICC decision, whose chief prosecutor, Karim Khan.
The chief prosecutor of the ICC had announced the opening of an investigation for alleged crimes against humanity in Venezuela on an official visit to Caracas on November 3, and at the same time issued a memorandum of understanding with the Government, which it signed jointly with Nicolas Maduro.
The ICC, based in Hague, opened a preliminary examination in 2018 by the action of security officers in the protests that left a a hundred dead a year before.
The Venezuelan justice has charged some 150 police and military personnel for human rights violations since 2017, according to the Public Ministry. The opposition considers that these actions were taken solely to avoid the international judicial process.
Victims and activists see “a door to justice” in the ICC investigation in Venezuela
“We have to keep raising our voices”, reacted the parents of Juan Pablo Pernalete, a protester who died during anti-government protests in 2017 in Venezuela, before the opening of an investigation in the International Criminal Court (ICC) for possible crimes against humanity in the country.
José Gregorio and Elvira, the parents of Juan Pablo, who died at the age of 20 after being hit in the chest by a tear gas canister fired by a soldier, believe that the investigation “Opens a door to justice.”
“There are mixed feelings,” he told the agency AFP Elvira. “On the one hand, there is satisfaction with the work denouncing human rights violations in Venezuela and there is hope because a door is opened to justice; but on the other there is a void. We cry a lot. The murder of our son and other boys should never have happened“, the Mint.
Activists consulted by the AFP They celebrate this step, but note that the process of establishing accountability will be long. The document signed by Khan and Maduro, in fact, clarifies that “No suspect or target has been identified.”
Venezuela is experiencing its “worst” human rights moment in 30 years
The Caribbean country lives its “worse“Period of human rights violations in the last 30 years, he said Rafael Uzcátegui, sociologist and director of the NGO Provea, awarded this Friday in Caracas.
“Today we are in the worst human rights situation in Provea’s 33 years of existence, not only due to the absence of democracy, but also due to the economic crisis, which has led to poverty at levels that had been unknown in the last 40 years, “said Uzcátegui when he received a Franco-German award for International Human Rights Day at the French embassy in the Venezuelan capital.
The director of Provea (Venezuelan Program for Education and Action in Human Rights) spoke about the risks run by human rights defenders, especially local activists with less media coverage than him.
“This year we had a sad achievement, which is that the International Criminal Court (ICC) has launched an investigation into Venezuela“For the repression of the anti-government protests of 2017 and the opponents who are in prison, he added.
Meanwhile, he maintained: “There are authorities who know that the defenders (of human rights) and those of us who have accompanied the victims have a great responsibility in ensuring that this has been achieved and surely at some point they will want to collect that bill”.
Uzcátegui stressed in particular that Provea has been accused of “drug trafficking and money laundering ”, statements that he described as“delusional”.
“As other countries in the region have overcome very difficult situations, we Venezuelans are also going to do so”, He asserted.