Enterrando a las víctimas de la inacción / Burying the victims of inaction

Análisis de William R. Wynn | TULSA, OK

Se están celebrando los funerales por los 19 niños y 2 profesores asesinados la semana pasada en Uvalde, Texas, en el segundo tiroteo escolar más mortífero del país, muertes que, según un creciente número de pruebas, podrían haberse evitado. Los críticos están denunciando que muchos o casi todas las víctimas de Uvalde aún estarían vivos si no hubiera sido por la inacción a múltiples niveles, desde la falta de seguridad en la escuela hasta la escandalosa mala toma de decisiones por parte de las fuerzas del orden y la  negativa de los líderes políticos estatales y federales a actuar en respuesta a anteriores masacres.

Las críticas inmediatas que siguieron a la matanza de la escuela primaria Robb se centraron en la respuesta de la policía local, ya que algunos padres fueron retenidos, incluso esposados, por la policía para evitar que trataran de salvar a sus hijos mientras los agentes se quedaban sin hacer nada. La declaración más reciente de las fuerzas del orden, en una historia que ha cambiado varias veces desde el tiroteo del 24 de mayo, afirma que los agentes estuvieron esperando el equipo táctico y los refuerzos durante más de una hora antes de entrar en el aula, tiempo durante el cual los estudiantes aterrorizados del interior llamaron al 911 y describieron la horrible escena. Cuando un equipo especial entró finalmente en el aula y mató a tiros al asesino, habían pasado 84 minutos de pesadilla, dejando a las familias en duelo preguntándose cuántas vidas podrían haberse salvado si la policía hubiera actuado antes.

Los relatos sobre la mala gestión de la respuesta han llevado al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a dar el raro paso de investigar oficialmente lo que la policía hizo mal.

Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, alabó inicialmente a los agentes por su valentía y dijo que el asesino había sido “abordado por un agente de recursos escolares”, pero McCraw cambió su postura a medida que surgían las pruebas de lo que realmente ocurrió.

“Desde el beneficio de la retrospectiva, donde estoy sentado ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta”, dijo McCraw. “Fue una decisión equivocada, y punto. No hay excusa para ello”.

La escuela primaria Robb había realizado importantes inversiones en materia de seguridad en los últimos años, como la construcción de una valla perimetral y la contratación de personal de seguridad armado, pero esas medidas no pudieron evitar la tragedia de la semana pasada. El asesino, Salvador Ramos, de 18 años, superó fácilmente la valla y, tras disparar varias veces contra el edificio, pudo entrar por una puerta trasera que, al parecer, había sido abierta por un profesor momentos antes. De hecho, Ramos nunca se enfrentó a un oficial de recursos escolares, porque no había ninguno en el lugar en ese momento.

Al menos 92 personas han muerto en Texas y 111 han resultado heridas en tiroteos masivos desde que el gobernador Gregg Abbott asumió el cargo hace 7 años y medio, y después de cada incidente mortal su respuesta -y la de la legislatura del estado de Texas- ha sido flexibilizar aún más las restricciones de armas del estado hasta el punto de que hoy son prácticamente inexistentes. Es mucho más fácil conseguir un arma en Texas que obtener una licencia de conducir o registrarse para votar.

Abbott, como de costumbre, dijo que la razón por la que tantas personas están muriendo innecesariamente se debe a problemas de “salud mental” y no tiene nada que ver con el fácil acceso a rifles de asalto de alta potencia como el utilizado en los tiroteos de la semana pasada y en muchos otros. Sin embargo, los expertos insisten en que las afirmaciones de Abbott no se basan en hechos.

“Lo que sabemos es que las personas con enfermedades mentales son mucho menos propensas a cometer actos de violencia que otras”, dijo la doctora Rebecca Brendel, presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Lo cierto es que muy pocos de los responsables de atroces tiroteos masivos en Estados Unidos han sido diagnosticados con una enfermedad mental, ya sea antes o después de sus crímenes.

Pero los tiroteos masivos no sólo ocurren en Texas. Tienen lugar con una regularidad enfermiza en todo Estados Unidos. En la semana transcurrida desde Uvalde se han producido al menos 14 tiroteos masivos, incluido un tiroteo mortal en Taft, Oklahoma. Como suele ocurrir, muchas de las víctimas son niños.

Según el Gun Violence Archive, sólo en los últimos tres años y medio han muerto 2025 personas y 8257 han resultado heridas en tiroteos masivos en Estados Unidos, definidos como tiroteos con cuatro o más víctimas.

Abbott, republicano, dijo que ninguna propuesta de los demócratas habría evitado lo ocurrido en Uvalde, pero en 1994 el presidente Bill Clinton promulgó una prohibición de las armas de asalto, que el presidente George W. Bush dejó expirar diez años después. Si esa prohibición estuviera en vigor, es poco probable que Ramos hubiera podido obtener los dos rifles de asalto tipo AR-15 que compró cuando cumplió 18 años, justo una semana antes de descargar las armas en un aula llena de niños.

Todos los intentos de los últimos años para aprobar cualquier legislación significativa de control de armas a nivel federal, incluida la comprobación de antecedentes -que apoya el 88% de los estadounidenses-, han caído bajo la rueda de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su poderoso lobby armamentístico. Todos estos esfuerzos han sido bloqueados por casi todos los congresistas republicanos junto con unos pocos demócratas pro-armas, especialmente Joe Manchin, de Virginia Occidental.

“¡Nunca más!” es el grito que se escucha una y otra vez cada vez que ocurre otro tiroteo masivo de alto perfil, y sin embargo siguen ocurriendo, y seguramente seguirán ocurriendo, hasta que la raíz del problema sea abordada por los gobernantes. (La Semana)

Burying the victims of inaction

Analysis by William R. Wynn | TULSA, OK

Funerals are already underway for the 19 children and 2 teachers slaughtered last week in Uvalde, Texas in the nation’s second deadliest school shooting, deaths that a growing body of evidence indicates may have been preventable. Critics are charging that many, if not all, of the Uvalde victims would still be alive had they not been failed by inaction at multiple levels, from a lapse in security at the school to shockingly poor decision making by law enforcement to the abject refusal by state and federal political leaders to act in response to prior massacres.

Immediate criticism following the carnage at Robb Elementary School has focused on the local police response, with some parents being restrained, even handcuffed, by police to prevent them from trying to save their kids while officers stood around doing nothing. The most recently released law enforcement statement in a story that has changed multiple times since the May 24 shooting claims that officers were waiting for tactical gear and backup for well over an hour before breaching the classroom, during which time terrified students inside called 911 and described the horrific scene. By the time a special team finally entered the classroom and shot dead the killer, 84 nightmarish minutes had passed, leaving grieving families to wonder how many lives could have been saved had police acted sooner.

Accounts of the mishandled response have prompted the United States Department of Justice (DOJ) to take the rare step of officially investigating what police did wrong.

Steven McCraw, director of the Texas Department of Public Safety, initially praised officers for their bravery and said the killer had been “engaged by a school resource officer,” but McCraw changed his position as evidence of what really happened emerged.

“From the benefit of hindsight, where I’m sitting now, of course it was not the right decision,” McCraw said. “It was the wrong decision, period. There’s no excuse for that.”

Robb Elementary School had made significant security investments in recent years, including building a perimeter fence and hiring armed security personnel, but such measures failed to prevent last week’s tragedy. The killer, 18-year-old Salvador Ramos, easily got over the fence and, after firing multiple rounds at the building, was ultimately able to walk right in through a back door that reportedly had been propped open by a teacher just moments earlier. Ramos was in fact never confronted by a school resource officer, because none was on site at the time.

At least 92 people in Texas have been killed and 111 injured in mass shootings since Governor Gregg Abbott took office 7 ½ years ago, and after each deadly incident his response – and that of the Texas State Legislature – has been to further loosen the state’s gun restrictions to the point that today they are virtually nonexistent. It’s far easier to get a gun in Texas than it is to get a driver’s license or register to vote.

Abbott, as usual, said the reason so many people are dying needlessly is because of “mental health” problems and has nothing to do with easy access to high powered assault rifles such as that used in last week’s shootings and many others. However, experts insist that Abbott’s assertions are not based in fact.

“What we know is that persons with mental illness are much less likely to commit acts of violence than others,” said Dr. Rebecca Brendel, president of the American Psychiatric Association.

The truth is that very few of those responsible for acts of heinous mass shootings in the United States have been diagnosed with mental illness, either before or after their crimes.

But mass shootings do not just happen in Texas. They take place with sickening regularity throughout the United States. At least 14 mass shootings have occurred in the week since Uvalde, including a fatality shooting in Taft, Oklahoma. As is often the case, many of the victims are children.

According to the Gun Violence Archive, 2025 people have been killed and 8257 injured in U.S. mass shootings – defined as shootings with four or more victims – in the past three and a half years alone.

Abbott, a Republican, said that no proposal by Democrats would have prevented what happened in Uvalde, but in 1994 President Bill Clinton enacted a ban on assault weapons, one which President George W. Bush allowed to expire ten years later. Were that ban in place, it is unlikely that Ramos would have been able to purchase the two AR-15-style assault rifles he bought when he turned 18, just a week before unleashing the weapons on a classroom full of young children.

Every attempt in recent years to pass any meaningful gun control legislation at the federal level, including background checks – which 88% of Americans support – has fallen under the wheel of the National Rifle Association (NRA) and its powerful gun lobby. All such efforts have been blocked by almost every Republican member of congress along with a few pro-gun Democrats, notably West Virginia’s Joe Manchin.

“Never again!” is the cry heard over and over whenever another high profile mass shooting occurs, and yet they continue to happen, and will certainly keep on happening, until the root cause of the problem is addressed by those in power. (La Semana)