El polémico mundo de Vic Regalado / The controversial world of Vic Regalado

Por Guillermo Rojas y William R. Wynn | TULSA, OK

Mucho ha cambiado desde que Vic Regalado fuera electo sheriff de Tulsa en el 2016. Tras haber ganado una elección especial, como resultado de la intempestiva renuncia de su predecesor, Vic ha preservado su mandato pasando por dos alcaldías, dos gobernaciones y tres presidentes, además de soportar la eterna pandemia. Ha habido cambios por doquier, pero una de las cosas que se mantuvieron constantes estos pasados seis años fue nuestro sheriff. Puedes amarlo o detestarlo, Regalado no es tímido a la hora de dar a conocer sus opiniones, por más controversial que suenen.

Recientemente, La Semana se reunió con Regalado para mantener una charla extensiva sobre los desafíos de ser el sheriff del segundo condado más poblado de Oklahoma.

Cuando Regalado asumió su puesto el presidente era Barack Obama, y el 287 g – el polémico programa de control inmigratorio del que la oficina del sheriff era parte desde el 2007- estaba de salida. Con el ascenso de Donald Trump en el 2017, el programa fue resucitado, lo que resultó en múltiples protestas en la Puerta de la cárcel del condado. Hoy, el 287 g sigue vigente, pero bajo la presidencia de Joe Biden la prioridad de deportación de inmigrantes cambió a aquellos indocumentados que hayan cometido crímenes, lo que implica que un viaje a la cárcel por multas de tránsito– si bien es de evitarse- no necesariamente es una deportación asegurada.

El sheriff explicó que mucha gente tiende a confundir el 287 g con un contrato separado que el gobierno de Tulsa tenía con la agencia de inmigración ICE, que permitía a las cárceles locales alojar detenidos de otras jurisdicciones.

“La diferencia es que el 287 g se limitó y se focalizó sólo en las personas que hubiesen cometido crímenes graves, mientras que el programa de ICE se aplicaba para cualquier persona que  ICE haya detenido”, dijo Regalado. “Entonces, si eras indocumentado y te metían en el sistema federal te iban a mandar con nosotros, a una de nuestras cárceles donde te quedarías hasta que la corte de inmigración decidiera deportarte de vuelta a tu país de origen o no”.

El sheriff aseguró que la idea de que los inmigrantes son detenidos y deportados por meras violaciones de tránsito es una creencia falsa, y en general tiene razón. Lo que solía suceder es que una persona era detenida en un control vehicular por alguna citación pendiente, multas impagas, no haber comparecido ante la corte en un momento dado, etc.

Pero estos claro-oscuros no significaron demasiado para la comunidad inmigrante y sus abogados, que siguieron considerando al 287 g como una línea divisoria entre las personas y las agencias de la ley. También es cierto que la administración Trump priorizó la remoción de todos los indocumentados, dejando de lado si habían cometido o no crímenes graves. Pero hoy, con las guías de deportación restringidas a los criminales peligrosos, los detenidos bajo el programa 287 g tienden a ser liberados, lo que les permite lidiar con las multas o problemas legales por los que fueron detenidos en la primera instancia.

El mundo fue testigo de una tragedia acontecida en nuestra ciudad días atrás, cuando un hombre armado asesinó a cuatro personas en el hospital St.Francis. La oficina del Sheriff y otras agencias de servicios de urgencias fueron felicitados por su rápido accionar. Regalado asegura que el arduo entrenamiento dio sus frutos y que situaciones como la que aconteció en la escuela de Uvalde, Texas, donde la policía tardó en confrontar al tirador, no sucedería jamás en Tulsa.

“Da mucho miedo llegar a una escuela y escuchar disparos”, dijo el sheriff. “Uno juró proteger las vidas de los inocentes, con la propia vida si es necesario, pero aun así sacar el arma y confrontar es difícil. Por eso entrenamos, para que todos sepan qué deben hacer, cómo deben entrar, qué armas llevar, qué esperar y cosas similares. Entonces cuando algo así sucede, la oficina del sheriff no duda, nosotros vamos a entrar”.

A pesar de todo, Regalado se muestra intransigente en relación a la posibilidad de implementar leyes de contra la portación de armas, aún cuando colegas suyos como el Jefe de policía Wendel Franklin y el sheriff del condado de Rogers, Scott Walton tienen opiniones diferentes. Regalado insiste que las leyes de control de portación, incluso las más pequeñas, hieren a los ciudadanos y no servirían para reducir los tiroteos en masa. Muy por el contrario, Regalado insiste que lo que hay que hacer es mejorar la asistencia para la salud mental y el tratamiento contra las drogas, aunque este convencido republicano de ultra derecha no indicó qué haría para financiar estos programas.

Cuando le consultamos qué piensa de construir puentes con la comunidad hispana en la ciudad Regalado se llena la boca diciendo que la cantidad de oficiales hispanos se incrementó un 200%. Y se mantuvo fiel a su palabra cuando dijo que lideraría con el ejemplo, apareciendo en muchos eventos comunitarios y no enviando a un sustituto.

“Cada vez que el sheriff de Tulsa tenía que hacer una aparición he estado, para asegurarme de que la gente tenga siempre la información correcta”, apuntó. “Y que supieran que estamos aquí para servirles, más allá de tu raza u origen nacional, nuestro trabajo es servir y proteger”, agregó.

A la comunidad hispana el sheriff urgió involucrarse en la ciudadanía y levantar la voz. “Se van a convertir dentro de poco en la comunidad principal de la ciudad y eso conlleva responsabilidades”.

 (La Semana)

The controversial world of Vic Regalado

By Guillermo Rojas and William R. Wynn | TULSA, OK

A lot has changed since Vic Regalado was elected Tulsa County Sheriff in 2016. After he won a special election following the resignation of his predecessor, Regalado has served through two mayors, two governors, and three presidents, not to mention a crippling pandemic. But one thing that has remained consistent these past six years and counting is the sheriff himself. Whether you love him or hate him, Regalado isn’t shy about sharing his opinions, regardless of how controversial they may be.

La Semana recently met with Sheriff Regalado for an extensive discussion about the challenges of being sheriff of Oklahoma’s second most populous county.

When Regalado first took office, Barack Obama was president and 287(g) – the polemical immigration enforcement program the sheriff’s office has been a part of since 2007 – was on its way out. But after Donald Trump became president in 2017, the program was reinvigorated, resulting in regular protests outside the Tulsa county jail. 287(g) still exists today, but under President Biden immigration enforcement priorities have shifted to focus only on those undocumented individuals who have also committed serious crimes, which means that a trip to jail – while still to be avoided – does not necessarily mean deportation.

The sheriff explained that a lot of people confused the 287(g) program with a separate contract Tulsa had with Immigration and Customs Enforcement (ICE) to house federal detainees from this jurisdiction and elsewhere.

“The difference is 287(g)was limited and focused on people who were committing serious crimes, whereas the ICE program was actually a holding contract for anybody that ICE had picked up,” Regalado said. “So if you were here undocumented … and you got into the federal system, they would send you to us and we would hold you until you went to immigration court, or they deported you back to your country of origin.”

The sheriff said it was a “misconception” that immigrants were being taken to jail merely for traffic violations and were subsequently deported, and for the most part he is correct. What often did happen was that a person was pulled over in a traffic stop and was detained for an outstanding warrant, which was at times was due to another unpaid traffic citation or missed court appearance.

But such nuances have mattered little to the many in the immigrant community and their advocates, who saw 287(g) as driving a wedge between the people and law enforcement. It is also true that the Trump administration prioritized the removal of all undocumented immigrants, regardless of whether or not they had committed any serious crime. But today, with deportation guidelines restricted to dangerous criminals, those detained under 287(g) are often released, enabling them to deal with any fines or legal matters that got them arrested.

The world witnessed tragedy in Tulsa recently when a gunman killed four people at a St Francis Hospital medical building, and the Tulsa County Sheriff’s Office, along with other local first responders, drew praise for its speedy reaction. Regalado puts this down to training, and says that a situation like that in Uvalde, Texas – where law enforcement delaying confronting a deadly school shooter for more than an hour – would not happen here.

“It’s very scary if you get there and you’re hearing shots in a school,” the sheriff said. “You took an oath to protect the lives of the innocent with your life, if need be. But it’s very difficult for somebody to go into gunfire, you know? And so we train, so that they get it into their minds. We train them how to enter, what kind of weapon to take with them, what to expect and things like that. So that when this happens, there will not be a hesitation on behalf of Tulsa County Sheriff’s office, of whether or not we’re going to enter in.”

And yet the topic of gun control is an area where Regalado remains intransigent, even while colleagues such as Tulsa Chief of Police Wendell Franklin and Rogers County Sheriff Scott Walton take different views. Regalado insists that gun control measures, even those small in scale, only hurt law abiding citizens and would do nothing to prevent mass shootings. Instead, the sheriff would like to see increases in mental health care and drug treatment, although the staunchly far right Republican has not indicated what he would do to pay for these programs.

When it comes to building bridges to the city’s Hispanic population, Regalado boasts that the number of Hispanic officers has increased by 200%. He has also been true to his word to lead by example, showing up in person to numerous community events instead of sending a surrogate.

“Anytime I was requested to appear as the sheriff of Tulsa, I would go so that I could make sure that they were getting the proper information,” he said, “and that they knew most importantly, that we were here to serve them as well. Regardless of race or where you’re from, our job is to serve and to protect.”

Asked what his message is to the Hispanic community, the sheriff urged them to “get involved” and make their voices heard. “You will be the largest community before long, and with that comes a responsibility.” (La Semana)