¿Un rayo de esperanza? / Glimmer of hope?

Posible reforma migratoria costaría hasta USD $10 mil

Washington, D.C. — La semana pasada, las representantes Verónica Escobar (D-TX) y María Elvira Salazar (R-FL) anunciaron la Ley de Dignidad de 2023, un histórico proyecto de reforma migratoria bipartidista. Escobar dijo que esta legislación lleva más de seis meses en proceso y contiene elementos que son importantes para ambas partes. Aborda la seguridad fronteriza y la infraestructura, crea un estatus legal para los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos (con la posibilidad de obtener la ciudadanía), establece nuevas vías para los solicitantes de asilo y crea vías legales para los migrantes económicos y los menores no acompañados. 

“Décadas de inacción del Congreso sobre la ley de inmigración tienen consecuencias reales, y la crisis humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos requiere una solución bipartidista”, dijo Escobar. “He visto los estragos de nuestro sistema de inmigración en el personal federal, los representantes locales, las organizaciones sin ánimo de lucro y los propios inmigrantes, y la necesidad de un compromiso realista y de sentido común no podría ser más urgente. Estos tiempos difíciles requieren compasión y acción, y la Ley de Dignidad de 2023 ofrece un enfoque bipartidista y significativo que restaura la dignidad de las personas que han tratado de navegar por un sistema roto durante demasiado tiempo. Con la introducción de esta legislación en la que la representante Salazar y yo hemos estado trabajando desde diciembre de 2022, es nuestra esperanza que el Congreso aproveche la oportunidad para resolver los desafíos de inmigración de hoy y mañana”.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la Ley de Dignidad también estuvieron presentes la delegada republicana Jenniffer González-Colón (R-PR), el representante Mike Lawler (R-NY), la representante Kathy Manning (D-NC) y la representante Hillary Scholten (D-MI).

Pero aunque el proyecto de ley es de autoría bipartidista, conseguir que los extremos de ambos partidos se sumen a él será sin duda una ardua batalla. La derecha se ha opuesto hasta ahora a todo lo que se acerque a la amnistía -como se ha visto con el fracaso repetido de varias versiones de la Ley DREAM-, mientras que la izquierda puede negarse a gastar más dinero en el muro de la frontera sur. Esta intransigencia es una de las razones por las que no se ha aprobado ningún proyecto de reforma tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en 27 años.

Este amplio proyecto de ley introduce importantes reformas en varios aspectos del sistema de inmigración estadounidense.

Concede nuevas vías de acceso a la ciudadanía, como el nuevo programa Dignity, el estatus de trabajador agrícola certificado o el servicio en las fuerzas armadas.

Concede un estatus legal a los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos y les ofrece la posibilidad de obtener la ciudadanía. A modo de “zanahoria” para los republicanos indecisos, dicho estatus tendría un precio para cada inmigrante de entre 5.000 y 10.000 dólares, dinero que ayudaría a pagar el programa.

Establece nuevas vías para los solicitantes de asilo y crea nuevos centros regionales de tramitación, y crea nuevas vías legales para los inmigrantes económicos y los menores no acompañados.

 “Nuestro maltrecho sistema de inmigración está frustrando a los estadounidenses, haciendo sufrir a la gente y fracturando nuestro país desde el punto de vista económico, moral, social y político. Hace tiempo que deberíamos haber encontrado una solución”, dijo Salazar. “Este proyecto de ley da dignidad a los agentes fronterizos que necesitan apoyo, a los creadores de empleo que necesitan empleados, al pueblo estadounidense que necesita fronteras seguras y a los que actualmente viven en las sombras”.

La última vez que el Congreso aprobó una reforma de la inmigración fue en 1996, impulsada por los republicanos y promulgada por el presidente Bill Clinton. El proyecto de ley de 1996 eliminó varias vías de inmigración legal, lo que básicamente hizo que menos personas tuvieran derecho a un estatus legal y que más personas pudieran ser deportadas. En la actualidad, varios organismos federales trabajan para gestionar la frontera con las herramientas de que disponen. Pero aunque puedan diferir en los detalles, ambos lados del pasillo están de acuerdo en que el Congreso necesita actualizar las leyes de inmigración de la nación. Por desgracia, en los últimos diez años han fracasado siete grandes iniciativas de reforma de la inmigración. En algunos casos, los esfuerzos de reforma se aprobaron en un órgano pero fracasaron en el otro, pero el elemento común que condenó al fracaso las siete iniciativas ha sido la oposición a la reforma de la inmigración por parte de la extrema derecha del partido republicano. (William R. Wynn, de La Semana USA, ha contribuido a este artículo).

Glimmer of hope?

Bipartisan immigration reform bill announced

Washington, D.C. — Last week, Representatives Veronica Escobar (D-TX) and Maria Elvira Salazar (R-FL) announced the Dignity Act of 2023, a historic, bipartisan immigration reform bill. Escobar said this legislation has been over six months in the making and contains elements that are important to both parties. It addresses border security and infrastructure, creates legal status for undocumented immigrants already living in the United States (with the possibility of earning citizenship), establishes new avenues for asylum seekers, and creates new legal pathways for economic migrants and unaccompanied minors. 

“Decades of congressional inaction on immigration law has real consequences, and the humanitarian crisis unfolding before our eyes requires a bipartisan solution,” Escobar said. “I have seen the toll our broken immigration system has on federal personnel, local representatives, nonprofits, and the migrants themselves, and the need for a realistic, common-sense compromise could not be more urgent. These challenging times call for both compassion and action, and the Dignity Act of 2023 offers a bipartisan, meaningful approach that restores dignity to people who have tried to navigate a broken system for far too long. With the introduction of this legislation that Representative Salazar and I have been working on since December 2022, it is our hope that Congress seizes the opportunity to solve the immigration challenges of today and tomorrow.”

Also present at the press conference announcing the Dignity Act were Republican Delegate Jenniffer Gonzalez-Colon (R-PR), Rep Mike Lawler (R-NY), Rep. Kathy Manning (D-NC) and Rep. Hillary Scholten (D-MI).

But although the bill is bipartisan in its authorship, getting the extremes of both parties on board is certain to be an uphill battle. The right has thus far opposed anything approaching amnesty – as was seen with the repeated failure of various versions of the DREAM Act – while the left may balk at spending more money on the southern border wall. Such intransigence is among the reasons that no reform bill has passed both the US House and Senate in 27 years.

This comprehensive bill makes significant reforms to several aspects of the US immigration system.

It grants additional pathways to citizenship, including through the new dignity program, certified agricultural worker status, or service through the armed forces.

It grants legal status to undocumented immigrants already living in the United States, and offers the possibility for those individuals to eventually earn citizenship. By way of a “carrot” to undecided Republicans, such status would come with a price tag to each immigrant of $5-10 thousand dollars, money that would help pay for the program.

It establishes new pathways for asylum seekers and creates new regional processing centers, and it creates new legal pathways for economic migrants and unaccompanied minors.

 “Our broken immigration system is frustrating Americans, causing people to suffer, and fracturing our country — economically, morally, socially, and politically. A solution is long overdue,” Salazar said. “This bill gives dignity to the border agents who need support, the job creators who need employees, the American people who need secure borders, and those who currently live in the shadows.”

The last time Congress passed immigration reform was in 1996, and that was driven by Republicans and signed into law by President Bill Clinton. The 1996 bill eliminated several legal immigration pathways, essentially making fewer people eligible for legal status while making more people deportable. Currently, multiple federal agencies are working to manage the border using the tools they have. But while they may differ on the specifics, both sides of the aisle agree that Congress needs to update the nation’s immigration laws. Unfortunately, over the last ten years, seven major pushes for immigration reform have failed. In some cases, reform efforts passed one body but failed in the other, but the common element that doomed all seven initiatives has been opposition to immigration reform by the far right of the Republican party. (William R. Wynn of La Semana USA contributed to this article.)