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Ola de linchamientos en Puebla / Puebla faces a wave of lynchings 

Por Guillermo Rojas | Puebla, Mx | Foto archivo cortesía: El Universal

Es difícil justificar la barbarie de linchamientos que se ha materializado en la ciudad de Puebla donde la madrugada del martes 11 de junio, al menos 200 integrantes de la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, Atlixco, golpearon y prendieron fuego a cuatro hombres bajo la presunción de dedicarse al robo de vehículos en la zona. También retuvieron a una mujer supuestamente involucrada en los hechos, quien fue liberada posteriormente.

Horas más tarde, en Tianguistenco, Huejotzingo, pobladores persiguieron y asesinaron a un hombre al que señalaron como partícipe del secuestro de una maestra. El presunto criminal fue localizado mientras conducía un vehículo al que le prendieron fuego causándole la muerte.

Puebla está a solo 135  kilómetros de la ciudad más poblada de México, el DF, es sede del Gobierno Federal y el el centro neurálgico de la actividad cotidiana de la nación. Y a pesar de su fama, de  turismo y su belleza, pareciera estar fuera del sistema, habiendo registrado al menos 26 linchamientos en los últimos cinco años, como ilustran datos de la Fiscalía General del Estado.

El linchamiento es un acto de violencia colectiva en el que un grupo de personas decide hacer justicia por mano propia, y suele ocurrir cuando el personal de  seguridad no hace cumplir la ley y la impunidad cunde en la sociedad. Son brotes de furia salvaje en donde prima la irracionalidad y la masa canaliza la frustración social ante la injusticia, la desesperación y la necesidad de venganza.

Históricamente, los linchamientos se han presentado en múltiples culturas y épocas. En algunos casos, se han utilizado como una herramienta de control social y racial, como sucediese en los viejos estados sureños de Estados Unidos. Pero en la América Latina contemporánea, son más comunes en áreas rurales o barrios marginales, donde la presencia del Estado suele ser débil, como lo evidencia el caso de Puebla.  

Al ser delitos colectivos es muy difícil encontrar a los culpables, lo que obstaculiza el esquema de la justicia, dejando los crímenes en el limbo. 

En México, el artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano, y si bien los actos de linchamiento no están tipificados bajo un tipo penal, las acciones que lo constituyen pueden ser sancionadas según las circunstancias y los actos cometidos durante el evento, con penas de hasta cincuenta años por cargos de homicidio. 

Gilberto Higuera Bernal de la FGE explicó que en Puebla los linchamientos son una forma de actuación que se califica como homicidio, y requieren de una ardua investigación. No obstante, la persecución de crímenes puede ser complicada por la dificultad de identificar a los participantes y la necesidad de procesar judicialmente cada caso individualmente.

En Puebla, los vecinos están convencidos de que la policía nunca conseguirá los resultados esperados, que las autoridades no actuarán con la celeridad necesaria y que la única forma de detener al crimen es tomando el toro por las astas. Es triste que una ciudad tan cerca de la capital sea testigo de la más absoluta marginalidad, una en la que los ciudadanos optan por violar la dignidad de otros cometiendo injusticias en nombre de la justicia. (La Semana)

Los poblanos buscan hacer justicia con sus propias manos. Foto cortesía: El Sol de Puebla

Puebla faces a wave of lynchings 

By Guillermo Rojas | Puebla, Mx

It is hard to justify the barbarism hidden behind the set of lynchings that materialized last week in Puebla, Mexico. In the early hours of Tuesday 11th around 200 men, members of the auxiliary board of San Jerónimo Coyula in Atlixco, attacked and burned alive four men accused of stealing cars.

Also in the region, in the town of Tianguistenco, Huejotzingo, a group of residents persecuted and killed a man who had supposedly been involved in the kidnaping of a teacher. The man was chased down and his vehicle was incinerated with him in it. Hours later, the teacher and alleged victim was found safe and sound in another region.

Puebla is only 135  km away from Mexico’s capital city, and despite its historical fame, the importance of tourism and its beauty it seems to be out of the country’s legal system. Which can be proved by the 26 lynchings that have been registered in the area over the last five years, as stated by the FGE, State General Attorney of Mexico.

A lynching is an act of collective violence in which a group of people decide to take justice into their own hands, when the police fail to enforce the law and impunity seems ubiquitous. They tend to be rushes of irrational savage fury in which society canalizes its frustrations and seeks for exemplary ways to reach accountability, with or without legitimate proof. 

Historically Lynchings have been part of many times and cultures and in some cases, they have been used as tools for social and racial control, not unlike what happened in many of the Jim Crow states in the US. But in the case of Latin America, they tend to reflect the lack of state presence, and are typically found in marginal neighborhoods and rural areas, like Puebla.

They are collective crimes, which makes it difficult to find the perpetrators, leaving the acts in a legal limbo and usually unresolved. In Mexico, article 17th of the Constitution stipulates that no man can take justice by its own hands. But lynching is not specified as a special crime, which means that the actions that compose it can be sanctioned according to the circumstances of the event, and in the case of homicide, those implicated in the act can face up to 50 years behind bars.

Gilberto Higuera Bernal of FGE explained that in Puebla, lynchings are classified as homicides and require an extensive investigation. Still, the prosecution of these crimes can be obstructed by the incapability of detecting the perpetrators and the need to process each case individually.

In Puebla citizens are convinced that the police will never achieve justice, that the authorities will never act with the celerity required in situations of mass distress and that the only way to contain crime is by taking control of the situation. It is sad that in a city so close to DF, marginality prevails and people choose to violate their own dignity and that of others, committing injustices in the name of justice. (La Semana)