Por qué las elecciones presidenciales de Venezuela deberían importarle al resto del mundo / Why Venezuela’s presidential election should matter to the rest of the world

BY REGINA GARCÍA CANO – CARACAS (AP) — El futuro de Venezuela está en juego. Los votantes decidirán el domingo si reeligen al presidente Nicolás Maduro, cuyos 11 años en el poder se han visto marcados por las crisis, o si le dan a la oposición la oportunidad de cumplir su promesa de revertir las políticas del partido gobernante que causaron un colapso económico y obligaron a millones de personas a emigrar.

Los partidos de una oposición tradicionalmente dividida han cerrado filas con un único candidato, lo que plantea al Partido Socialista Unido de Venezuela su mayor desafío en elecciones presidenciales en décadas.

Maduro se enfrenta al exdiplomático Edmundo González Urrutia, que representa a la reavivada oposición, y a otros ocho candidatos. Los partidarios de Maduro y González celebraron el jueves el cierre de campaña oficial con enormes manifestaciones en la capital, Caracas.

He aquí algunas razones por las que las elecciones venezolanas son importantes para el mundo:

Impacto en la migración

Las elecciones afectarán los flujos migratorios independientemente del ganador.

La inestabilidad que vive Venezuela desde hace una década ha empujado a más de 7,7 millones de personas a emigrar, lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) califica como el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. La mayoría de los emigrantes venezolanos se han asentado en otros países de América Latina y el Caribe, pero cada vez más de ellos posan sus ojos en Estados Unidos.

Una encuesta nacional realizada en abril por la firma encuestadora Delphos, con sede en Venezuela, indica que alrededor de una cuarta parte de los venezolanos pensaba en emigrar si Maduro volvía a ganar. De ellos, alrededor del 47% dijo que una victoria de la oposición les haría quedarse, pero aproximadamente el mismo porcentaje indicó que una mejora de la economía los mantendría en su país de origen. La encuesta tenía un margen de error de más/menos 2 puntos porcentuales.

La principal candidata de la oposición no figura en las boletas

El nombre más sonado durante la campaña no figuraba en la boleta: María Corina Machado. La exlegisladora se convirtió en estrella de la oposición en 2023 y llenó el vacío que dejó el exilio de una generación anterior de líderes opositores. Sus críticas a la mala gestión y la corrupción del gobierno movilizaron a millones de venezolanos para que votaran por ella en las primarias de la oposición en octubre.

Pero el gobierno de Maduro declaró ilegales las primarias y abrió investigaciones penales contra algunos de sus organizadores. Desde entonces ha emitido órdenes de arresto para varios simpatizantes de Machado, ha detenido a varios miembros de su equipo, y la máxima corte del país respaldó la decisión de inhabilitar su candidatura.

Sin embargo, Machado ha seguido haciendo campaña en todo el país y convirtió su inhabilitación en un símbolo de la pérdida de derechos y humillaciones que muchos votantes han sentido durante más de una década.

Machado ha brindado su apoyo a Edmundo González Urrutia, un exembajador que nunca ha ejercido un cargo de elección popular, lo que ha ayudado a unificar a una oposición fragmentada.

Ambos hacen campaña juntos y prometen una reforma económica que haga regresar a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013.

González comenzó su carrera diplomática como asesor del embajador venezolano en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Estuvo destacado en Bélgica y El Salvador, y fue embajador de Caracas ante Argelia. Su último puesto fue como embajador en Argentina durante la presidencia de Hugo Chávez, que comenzó en 1999.

¿Por qué tiene problemas el actual presidente?

La popularidad de Maduro ha disminuido debido a una crisis económica provocada por un descenso en los precios del crudo, la corrupción y la mala gestión del gobierno.

Maduro aún puede contar con un grupo de fieles incondicionales, conocidos como chavistas, que incluyen a millones de funcionarios públicos y personas cuyos negocios o empleos dependen del Estado. Pero la capacidad de su partido de utilizar los programas sociales para conseguir votos ha menguado a medida que la economía se ha debilitado.

Es el heredero de Hugo Chávez, un popular líder socialista que amplió el estado de bienestar en Venezuela a la vez que chocaba con Estados Unidos.

Enfermo de cáncer, Chávez nombró a Maduro presidente interino a su muerte. El mandatario asumió el papel en marzo de 2013 y al mes siguiente ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales convocadas tras la muerte de su mentor.

Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones ampliamente consideradas como una farsa. Su gobierno vetó a los políticos y partidos opositores más populares y, al carecer de igualdad de condiciones, la oposición instó a los votantes a boicotear los comicios.

Esa tendencia autoritaria fue parte del argumento de Estados Unidos para imponer sanciones económicas que paralizaron la crucial industria petrolera del país.

Una industria petrolera mal administrada

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción disminuyó durante varios años, en parte debido a la mala gestión del gobierno y a la corrupción en la empresa petrolera estatal.

En abril, el gobierno de Venezuela anunció la detención de Tareck El Aissami, el otrora poderoso ministro de Petróleo y aliado de Maduro, por una presunta trama a través de la cual aparentemente desaparecieron cientos de millones de dólares en ingresos petroleros.

Ese mismo mes, el gobierno de Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector energético de Venezuela, después de que Maduro y sus aliados utilizaran el control total del partido gobernante sobre las instituciones venezolanas para socavar un acuerdo que permitiera la celebración de elecciones libres.

Entre otras acciones, impidieron que Machado se inscribiera como candidata presidencial y detuvieron y encausaron a miembros de su equipo.

Las sanciones prohíben a las empresas estadounidenses hacer negocios con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A., más conocida por sus siglas PDVSA, sin autorización previa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El resultado de las elecciones podría decidir si se mantienen esas sanciones.

¿En qué condiciones se celebran las elecciones?

El año pasado parecía posible que se celebraran unas elecciones más libres y justas, cuando el gobierno de Maduro aceptó trabajar con la coalición Plataforma Unitaria, la cual tiene el respaldo de Estados Unidos, para mejorar las condiciones electorales. Un acuerdo sobre condiciones electorales le dio al gobierno un amplio alivio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a sus sectores estatales de petróleo, gas y minería.

Pero unos días después, las autoridades dijeron que las primarias de la oposición eran ilegales y empezaron a emitir órdenes de arresto y a detener a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

Un grupo de expertos respaldado por Naciones Unidas que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela ha reportado un incremento de la represión del gobierno contra críticos y opositores antes de los comicios, con la que ha sometido a sus objetivos a detención, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos penales arbitrarios.

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Why Venezuela’s presidential election should matter to the rest of the world

BY REGINA GARCIA CANO – CARACAS, Venezuela (AP) — The future of Venezuela is on the line. Voters will decide Sunday whether to reelect President Nicolas Maduro, whose 11 years in office have been beset by crisis, or allow the opposition a chance to deliver on a promise to undo the ruling party’s policies that caused economic collapse and forced millions to emigrate.

Historically fractured opposition parties have coalesced behind a single candidate, giving the United Socialist Party of Venezuela its most serious electoral challenge in a presidential election in decades.

Maduro is being challenged by former diplomat Edmundo González Urrutia, who represents the resurgent opposition, and eight other candidates. Supporters of Maduro and Gonzalez marked the end of the official campaign season Thursday with massive demonstrations in the capital, Caracas.

Here are some reasons why the election matters to the world:

Migration impact

The election will impact migration flows regardless of the winner.

The instability in Venezuela for the past decade has pushed more than 7.7 million people to migrate, which the U.N.’s refugee agency describes as the largest exodus in Latin America’s recent history. Most Venezuelan migrants have settled in Latin America and the Caribbean, but they are increasingly setting their sights on the U.S.

A nationwide poll conducted in April by the Venezuela-based research firm Delphos indicated that about a quarter of the people in Venezuela were thinking about emigrating if Maduro wins again. Of those, about 47% said a win by the opposition would make them stay, but roughly the same amount indicated that an improved economy would keep them in their home country. The poll had a margin of error of plus or minus 2 percentage points.

The main opposition leader is not on the ballot

The most talked-about name in the race is not on the ballot: María Corina Machado. The former lawmaker emerged as an opposition star in 2023, filling the void left when a previous generation of opposition leaders fled into exile. Her principled attacks on government corruption and mismanagement rallied millions of Venezuelans to vote for her in the opposition’s October primary.

But Maduro’s government declared the primary illegal and opened criminal investigations against some of its organizers. Since then, it has issued warrants for several of Machado’s supporters and arrested some members of her staff, and the country’s top court affirmed a decision to keep her off the ballot.

Yet, she kept on campaigning, holding rallies nationwide and turning the ban on her candidacy into a symbol of the loss of rights and humiliations that many voters have felt for over a decade.

She has thrown her support behind Edmundo González Urrutia, a former ambassador who has never held public office, helping a fractious opposition unify.

They are campaigning together on the promise of economic reform that will lure back the millions of people who have migrated since Maduro became president in 2013.

González began his diplomatic career as an aide to Venezuela’s ambassador in the U.S. in the late 1970s. He was posted to Belgium and El Salvador, and served as Caracas’ ambassador to Algeria. His last post was as ambassador to Argentina during Hugo Chávez’s presidency, which began in 1999.

Why is the current president struggling?

Maduro’s popularity has dwindled due to an economic crisis caused by a drop in oil prices, corruption and government mismanagement.

Maduro can still bank on a cadre of die-hard believers, known as Chavistas, including millions of public employees and others whose businesses or employment depend on the state. But the ability of his party to use access to social programs to make people vote has diminished as the economy has frayed.

He is the heir to Hugo Chávez, a popular socialist who expanded Venezuela’s welfare state while locking horns with the United States.

Sick with cancer, Chávez handpicked Maduro to act as interim president upon his death. He took on the role in March 2013, and the following month, he narrowly won the presidential election triggered by his mentor’s death.

Maduro was reelected in 2018, in a contest that was widely considered a sham. His government banned Venezuela’s most popular opposition parties and politicians from participating and, lacking a level playing field, the opposition urged voters to boycott the election.

That authoritarian tilt was part of the rationale the U.S. used to impose economic sanctions that crippled the country’s crucial oil industry.

Mismanaged oil industry

Venezuela has the world’s largest proven crude reserves, but its production declined over several years, in part because of government mismanagement and widespread corruption in the state-owned oil company.

In April, Venezuela’s government announced the arrest of Tareck El Aissami, the once-powerful oil minister and a Maduro ally, over an alleged scheme through which hundreds of millions of dollars in oil proceeds seemingly disappeared.

That same month, the U.S. government reimposed sanctions on Venezuela’s energy sector, after Maduro and his allies used the ruling party’s total control over Venezuela’s institutions to undermine an agreement to allow free elections. Among those actions, they blocked Machado from registering as a presidential candidate and arrested and persecuted members of her team.

The sanctions make it illegal for U.S. companies to do business with state-run Petróleos de Venezuela S.A., better known as PDVSA, without prior authorization from the U.S. Treasury Department. The outcome of the election could decide whether those sanctions remain in place.

An uneven playing field

A more free and fair presidential election seemed like a possibility last year, when Maduro’s government agreed to work with the U.S.-backed Unitary Platform coalition to improve electoral conditions in October 2023. An accord on election conditions earned Maduro’s government broad relief from the U.S. economic sanctions on its state-run oil, gas and mining sectors.

But days later, authorities branded the opposition’s primary illegal and began issuing warrants and arresting human rights defenders, journalists and opposition members.

A U.N.-backed panel investigating human rights violations in Venezuela has reported that the government has increased repression of critics and opponents ahead of the election, subjecting targets to detention, surveillance, threats, defamatory campaigns and arbitrary criminal proceedings.

The government has also used its control of media outlets, the country’s fuel supply, electric network and other infrastructure to limit the reach of the Machado-González campaign.

The mounting actions taken against the opposition prompted the Biden administration earlier this year to end the sanctions relief it granted in October.

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