Hospitales de Florida preguntan a inmigrantes su estatus legal. Texas lo hará también / Florida hospitals ask immigrants about their legal status. Texas will try it next
BY VALERIE GONZALEZ, GISELA SALOMÓN AND DEVI SHASTRI – McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.
La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles, avisándole a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.
“Intentamos explicar esto una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris, directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.
Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.
“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.
Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.
Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de Florida son limitados.
Blaise Ingoglia, el senador republicano por Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.
Luis Isea, un médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.
Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían de manera global.
Pero muchas de las llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de Florida como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo. El gobierno de de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.
Otros, dicen los defensores, aguantaron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su hijo si daba a luz en el hospital.
“Tenía mucho miedo (pero) terminó por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.
Los datos que Florida y Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones, sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud, dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de Florida podría tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.
Por un lado, es autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8% de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7% de quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1% de las personas que acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.
La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga. También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los porcentajes de la inmigración ilegal”.
La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de Florida ha disminuido.
En Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.
Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22% de población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6%.
En ese punto, dijo, “generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.
Los grupos comunitarios, legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de Every Texan.
Y en Florida, aunque los temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la ley.
“Cuánto de esto es una política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.
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Salomon informó desde Miami, y Shastri desde Milwaukee.
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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.
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Florida hospitals ask immigrants about their legal status. Texas will try it next
BY VALERIE GONZALEZ, GISELA SALOMON AND DEVI SHASTRI – McALLEN, Texas (AP) — For three days, the staff of an Orlando medical clinic encouraged a woman with abdominal pain who called the triage line to go to the hospital. She resisted, scared of a 2023 Florida law that required hospitals to ask whether a patient was in the U.S. with legal permission.
The clinic had worked hard to explain the limits of the law, which was part of Gov. Ron DeSantis’ sweeping package of tighter immigration policies. The clinic posted signs and counseled patients: They could decline to answer the question and still receive care. Individual, identifying information wouldn’t be reported to the state.
“We tried to explain this again and again and again, but the fear was real,” Grace Medical Home CEO Stephanie Garris said, adding the woman finally did go to an emergency room for treatment.
Texas will be the next to try a similar law for hospitals enrolled in state health plans, Medicaid and the Children’s Health Insurance Program. It takes effect Nov. 1 — just before the end of a presidential election in which immigration is a key topic.
“Texans should not have to shoulder the burden of financially supporting medical care for illegal immigrants,” Texas Republican Gov. Greg Abbott said in a statement announcing his mandate, which differs from Florida’s in that providers don’t have to tell patients their status won’t be shared with authorities.
Both states have high numbers of immigrants, ranging from people who are in the U.S. without legal permission to people who have pending asylum cases or are part of mixed-status families. And while the medically uninsured rate in these two states — neither of which have expanded Medicaid — are higher than the national average, research has shown immigrants tend to use less and spend less on health care.
Texas and Florida have a long history of challenging the federal government’s immigration policies by passing their own. And their Republican leaders say the hospital laws counter what they see as lax enforcement at the border by the Biden administration — though Florida’s early data is, by its own admission, limited.
Florida GOP state Sen. Blaise Ingoglia, who sponsored the hospital bill, said in a written statement that the law is “the strongest, and most comprehensive state-led, anti-ILLEGAL immigration law,” but did not respond to The Associated Press’ questions about the impact of the law on the immigrant community or on hospital patients.
Luis Isea, an internal medicine doctor with patients in hospitals and clinics in central Florida, said the law “is creating that extra barrier” for patients who are already exposed to many disparities.
Immigrant advocate groups in Florida said they sent thousands of text messages and emails and held clinics to help people understand the limitations of the law — including that law enforcement agencies wouldn’t know an individual’s status because the data would be reported in aggregate.
But many outreach calls from health workers went unanswered. Some patients said they were leaving Florida, as a result of the law’s impact on getting health care and on employment; the DeSantis’ administration tied the hospital mandate to other initiatives that invalidated some driver’s licenses, criminalized transportation of migrants lacking permanent status and changed employment verification policies.
Others, advocates say, languished in pain or needed to be persuaded. Verónica Robleto, program director at the Rural Women’s Health Project in north central Florida, fielded a call before the law took effect in July 2023 from a young woman who didn’t have legal permission to be in the U.S. and was afraid she would be separated from her child if she gave birth at the hospital.
“She was very afraid (but) she did end up going after speaking with me,” Robleto said.
Whatever data Florida and Texas do collect likely will be unreliable for several reasons, researchers suggested. Health economist Paul Keckley said the report released by Florida state officials could have “incomplete or inaccurate or misleading” data.
For one, it’s self-reported. Anyone can decline to answer, an option chosen by nearly 8% of people admitted to the hospital and about 7% of people who went to the emergency room from June to December 2023, the Florida state report said. Fewer than 1% of people who went to the emergency room or were admitted to the hospital reported being in the U.S. “illegally.”
The Florida Agency for Health Care Administration acknowledged large limitations in their analysis, saying it didn’t know how much of the care provided to “illegal aliens” went unpaid. It also said it was unable to link high levels of uncompensated care with the level of “illegal aliens” coming to a hospital, saying it’s “more associated with rural county status than illegal immigration percentages.”
The agency didn’t immediately respond to requests for comment and more information. Its report noted that for much of the last decade, the amount of unpaid bills and uncollected debts held by Florida hospitals has declined.
In Florida and in Texas, people who aren’t in the U.S. legally can’t enroll in Medicaid, which provides health insurance for low-income people — except in the case of a medical emergency.
Multiple factors can affect the cost of care for people who are in the U.S. without legal permission, experts said, especially the lack of preventive care. That’s especially true for people who have progressive diseases like cancer, said Dr. James W. Castillo II, the health authority for Cameron County, Texas, which has about 22% of the population uninsured compared to the state average of 16.6%.
At that point, he said, “it’s usually much harder to treat, much more expensive to treat.”
Texas community groups, policymakers and immigration attorneys are partnering with Every Texan, a nonprofit focusing on public policy and health care access, to encourage people to not answer the status question, said Lynn Cowles with Every Texan.
And in Florida, the deportation fears are subsiding but questions about the purpose of the law remain.
“How much of this is substantive policy and good policy versus how that fared, I leave that for others to speculate,” said Garris with the Orlando clinic. “But I know the practical effect of the law was egregious and demeaning to patients who are living here, working here. It’s just insulting.”
Salomon reported from Miami, and Shastri reported from Milwaukee.
The Associated Press Health and Science Department receives support from the Robert Wood Johnson Foundation. The AP is solely responsible for all content.
GISELA SALOMON
Salomon is a Miami-based reporter who covers Latin America and immigration affairs for The Associated Press.
Salomon es una periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigracion.
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