Violento inicio de gobierno de presidenta de México plantea dudas sobre estrategia de seguridad

POR MARK STEVENSON | CIUDAD DE MÉXICO (AP)

Con apenas tres semanas en el cargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha heredado un torbellino de violencia que, en opinión de muchas personas, fue provocado por la política de su predecesor de no confrontar a los cárteles de la droga y de usar al ejército para tareas de seguridad pública.

Sheinbaum, que asumió el cargo el 1 de octubre, preferiría estar hablando sobre el plan del gobierno para hacer que los jueces sean elegidos por voto popular.

Pero ha tenido que lidiar con el asesinato de seis migrantes a manos del ejército el mismo día que asumió el cargo, y con la muerte de tres personas en la ciudad norteña de Nuevo Laredo 10 días después. Estas últimas fueron abatidas por elementos del ejército y de la Guardia Nacional que perseguían a presuntos miembros de bandas narcotraficantes.

La tercera semana de Sheinbaum en el cargo culminó con el asesinato de un sacerdote católico que había sido amenazado por pandillas, y con un desigual enfrentamiento en el norte de Sinaloa en el que soldados mataron a 19 presuntos miembros de cárteles sin sufrir un solo rasguño. Eso evocó abusos de derechos humanos pasados, como un incidente ocurrido en 2014 en el que varios soldados mataron a cerca de una docena de presuntos miembros de un grupo delictivo que ya se habían rendido.

“Es muy decepcionante y oscuro hacia adelante”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro de De­rechos Humanos Miguel Agustín Pro. “Todo muy descompuesto, y en vez de que se atiendan esas prioridades, todo el capital político se está dilapidando en una reforma judicial que generará más problemas que soluciones”.

Sheinbaum ha dicho que todos los incidentes están siendo investigados, pero sólo ha hablado de ellos por unos minutos en sus primeras tres semanas en el cargo, en comparación con las horas que ha dedicado a encomiar las virtudes de la reforma judicial. Afirma que la elección de jueces remediará la corrupción.

Pero los críticos observan que el problema real no es que jueces co­rruptos liberen a sospechosos, sino el hecho de que la policía civil y los fiscales carecen de recursos y for­mación suficientes, hasta el punto que más de 90% de los delitos nunca llegan a un tribunal.

El predecesor y mentor político de Sheinbaum, el expresidente An­drés Manuel López Obrador —que dejó el cargo el 30 de septiembre—, decidió convertir a las fuerzas armadas en pieza central de su estrategia de seguridad y renunciar al lento pero constante trabajo de reformar a la policía y al poder judicial para erradicar la corrupción.

Sheinbaum prometió continuar todas las políticas de López Obrador, incluida la estrategia de “abrazos, no balazos”, que implica no hacer frente a los cárteles del narcotráfico, sino agotar la posible reserva de reclutas mediante becas y programas de capacitación laboral.

López Obrador no logró reducir significativamente la históricamente alta tasa de homicidios de México, pero el carismático expresidente tenía talento para presentarse a sí mismo como víctima, restando im­portancia a los incidentes pasados y calificando los reportes de prensa sobre la violencia como “sensacio­nalismo” que tenía la intención de desprestigiarlo.

Pero desde el 1 de octubre, los abusos han ocurrido tan rápidamente que Sheinbaum no ha tenido el carisma ni el tiempo para restar importancia a los incidentes. El jueves, un cártel hizo estallar casi simultáneamente dos autos bomba en el estado de Guanajuato, lesio­nando a tres policías.

“Es una prueba del crimen para ella y el nuevo gobierno”, reconoció Juan Ibarrola, analista militar cercano a las fuerzas armadas.

Es innegable que los cárteles del narcotráfico en México están fuertemente armados y pretenden domi­nar la región. La incógnita de cómo responder a ese desafío ha dejado perplejos a cuatro sucesivos gobiernos en México.

“Es desafortunado, pero es necesaria la violencia por parte del Estado mexicano” para superar el reto, señaló Ibarrola.

Y como para ejemplificarlo, el viernes, el principal funcionario civil de seguridad, Omar García Harfuch, relató un ataque masivo que duró varias horas y fue perpetrado el jueves por hombres armados pertenecientes a los cárteles, que viajaban en 16 vehículos — algunos de ellos blindados—, en el estado de Guerrero, en el sur del país.

A violent start to the term of Mexico’s new president raises questions about strategy, the army

In just over three weeks in office, President Claudia Sheinbaum has inherited a whirlwind of violence that many say was set up by her predecessor’s policy of not confronting drug cartels, and using the army for law-enforcement.

Sheinbaum, who took office Oct. 1, would rather be talking about the government’s plan to make all judges stand for election.

But instead, she has had to deal with the army’s killing of six migrants on the day she took office and the death of three bystanders at the hands of soldiers i n the border city of Nuevo Laredo 10 days later. They were killed by army and National Guard troops pursuing drug cartel suspects.

Sheinbaum’s third week in office was capped by the murder of a crusading Catholic priest who had been threatened by gangs, and a lopsided encounter in northern Sinaloa state in which soldiers killed 19 drug cartel suspects, but suffered not a scratch themselves. That awakened memories of past human rights abuses, like a 2014 incident in which soldiers killed about a dozen cartel suspects after they had surrendered.

“It is all very disappointing, and it looks dark for the future,” said Santiago Aguirre, the head of Miguel Agustín Pro human rights center. “Everything is breaking down, and instead of taking care of these priority issues, all the government’s political capital is being wasted on a judicial reform that will cause more problems than solutions.”

Sheinbaum has said all the incidents are under investigation, but she has dedicated only a few minutes in her first three weeks in office to talking about them, compared to the hours she has spent extolling the virtues of the judicial reform. She says electing judges will remedy corruption.

But critics note the real problem isn’t corrupt judges releasing suspects; it’s the fact that civilian police and prosecutors have been so under-funded and ill-trained that over 90% of crimes never make it to court in the first place.

It was Sheinbaum’s predecessor and political mentor, former President Andrés Manuel López Obrador — who left office Sept. 30 — who decided to make the armed forces the centerpiece of his security strategy and give up on the slow, steady work of reforming police and the judiciary to root out corruption.

Sheinbaum has vowed to continue all of López Obrador’s policies, including the “hugs, not bullets” strategy of not confronting the cartels, but rather seeking to drain the potential pool of recruits through scholarships and job training programs.

López Obrador failed to significantly reduce Mexico’s historically high homicide rate, but the charismatic former president had a talent for depicting himself as the victim, brushing off past incidents and accusing media reports on violence as “sensationalism” meant to smear him.

But since Oct. 1, the abuses have come so fast that Sheinbaum has had neither the charisma nor the time to brush off the incidents. On Thursday, a drug cartel set off two near-simultaneous car bombs in the state of Guanajuato, injuring three police officers and strewing burning wreckage across streets.

“It is putting her and the new administration to the test,” acknowledged Juan Ibarrola, a military analyst who is close to the armed forces.

There is no denying that Mexico’s drug cartels are heavily armed and intent on regional domination. How to answer that challenge has stumped four successive presidential administrations in Mexico.

“It is unfortunate, but the use of violence by the Mexican government is necessary” to meet the challenge, Ibarrola said.