Ola de desalojos: Indocumentados luchan para no perder su vivienda
El período de prohibición de los desalojos establecido por la CARES Act concluyó el 25 de julio, dejando así a varias familias a su suerte al inicio de un nuevo mes, cuando se hace la mayoría de los pagos de alquiler y servicios públicos.
Por ley en Carolina del Norte, los propietarios deben darle al menos cinco días a sus inquilinos antes de cobrar cargos por demora y emitir órdenes de desalojo. Pero miles de habitantes de Carolina del Norte están en peligro de perder (o ya han perdido) sus hogares, ya que los tribunales comenzaron a emitir órdenes de desalojo nuevamente a finales de julio. La amenaza se amplifica para los inmigrantes, cuyo estatus migratorio los descalifica de cualquier programa gubernamental que pudiera ayudarlos a subastar los gastos.
Isamar, una madre Guatemalteca, vive en Charlotte con su esposo y sus dos hijos. No compartimos su nombre completo ya que teme repercusiones legales. Tras la llegada de la pandemia del coronavirus, ella y su esposo fueron despedidos de sus trabajos. Isamar trabajaba como ama de llaves de un hotel y él en construcción.
“Por la enfermedad perdimos el trabajo y nos atrasamos en la renta. Y ahorita es peor porque mi esposo se accidentó”, dijo. “La verdad que no sabemos qué vamos a hacer”.
Ambos se presentaron en el Tribunal de Distrito de Mecklenburg el 28 de julio, con el temor de que el juez ordenara su desalojo. Unas semanas antes intentaron mediar con su arrendador, una corporación privada. El Ministerio de Asistencia de Crisis les ofreció $4,300 en ayuda de alquiler de emergencia, dijo Juan Hernández, abogado de Isamar del Centro de Defensa Legal de Charlotte.
“El mediador tenía al ministerio por teléfono, y estaban negociando para llegar a un acuerdo. Pero el propietario no aceptó los términos”, dijo Hernández.
Los $4,300 eran casi $1,000 menos de lo que debían, dijo Hernández, quien no identificó a la compañía.
La pareja guatemalteca llegó a Estados Unidos hace 15 años buscando protección y una vida mejor, dijo Isamar. Hasta que empezó la pandemia, trabajaban constantemente y pagaban todos sus impuestos anualmente. Bajo sus circunstancias actuales, obtener ayuda ha sido difícil, dijo Isamar. Sus dos hijos son estadounidenses, pero ya que Isamar y su esposo carecen de estatus legal, toda la familia fue descalificada de los beneficios del gobierno que podrían ayudar a pagar el alquiler.
“No recibimos apoyo de nadie los que no tenemos papeles aquí. Casi todos estamos pasando por eso”, dijo.
Y ella tiene razón, dijo Hernández. Sin dar un número exacto, dijo que ha visto docenas de casos como este en la región en los últimos meses. Aseguró que los casos nuevos del Centro de Charlotte para la Defensa Legal se han incrementado seis veces, en comparación al año pasado.
“Hay montones familias en la comunidad que solo tienen una persona indocumentada. Y debido a que esa persona está indocumentada, toda la familia está excluida de recibir cualquier cheque de estímulo. Y ese pago de estímulo realmente marcaría la diferencia para muchas personas”, dijo Hernández.
Hernández explica que las familias inmigrantes se encuentran entre las más vulnerables en medio de la actual crisis de vivienda y la pandemia. Dice que otra cliente, cuyo esposo y 4 hijos son ciudadanos estadounidenses, no recibió asistencia monetaria de la Ley CARES, debido a que ella es indocumentada.
Y la situación no muestra signos de mejora, dijo Bill Rowe, con el Centro de Justicia de Carolina del Norte. La organización trabaja en vivienda y otros asuntos de justicia económica.