México abre sus puertas a los migrantes centroamericanos
Por Daniela Pastrana
MÉXICO/TAPACHULA– Hace unos meses, Candelario de Jesús Chiquillo Cruz llegó a la frontera sur de México y se topó con una reja cerrada y reforzada con alambres de púas, mientras una barrera de policías le rociaba con gas. Hoy, camina libre por el puente que atraviesa el río Suchiate, frontera natural con Guatemala.
Chiquillo tiene 50 años, proviene de El Salvador, y no oculta su satisfacción por la acogida que ha tenido en su nuevo intento de ingresar en México.
“Es una oportunidad que se ha buscado por mucho tiempo”, dice a IPS este martes 22, mientras muestra el documento con el número 0000004155128 que le extendió el gubernamental Instituto Nacional de Migración mexicano (INM), en Tapachula, una ciudad del sureño estado de Chapas, en la occidental la frontera con Guatemala.
Ese documento será canjeado en unos días por una “tarjeta de visitante por razones humanitarias” que le permitirá vivir y trabajar en México durante un año.
“Felicito a México por la postura que ha tenido para que pasemos legalmente al país sin ser perseguidos por migración. Lo que queremos es una oportunidad de trabajo”, asegura Chiquillo.
La política migratoria mexicana ha dado un giro de 180 grados con la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre.
El 17 de enero, el gobierno abrió la frontera a miles de migrantes que venían en caravana desde San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la pobreza y la represión, y anunció la entrega de estas visas humanitarias para los migrantes centroamericanos.
También informó de un nuevo plan laboral que incorpora a los migrantes centroamericanos en los proyectos de desarrollo del sureste del país.
El planteamiento va en el sentido contrario de la política mexicana de los últimos años, que centró su estrategia en la seguridad fronteriza y militarizó la frontera del sur para impedir el paso de migrantes.
Con el Plan Frontera Sur, del predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, miles de personas fueron deportadas y decenas murieron por recurrir a rutas más inseguras y evitar los controles policiales.
La llegada del nuevo gobierno coincidió con una crisis migratoria sin precedentes, estallada en octubre. Desde entonces, más de 15.000 centroamericanos iniciaron una serie de caravanas multitudinarias para llegar a Estados Unidos, atravesando casi 3.900 kilómetros por territorio mexicano.
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Pero esta sexta caravana, la tercera originada en Honduras desde entonces, se topó con una nueva política que, en palabras de Tonatiuh Guillén López, comisionado del INM, quiere “generar un nuevo paradigma del tratamiento de la población migrante”.
También pretende, argumentó, detonar el desarrollo conjunto entre el sur de este país y el llamado Triángulo Norte Centroamericano, constituido por Honduras, El Salvador y Guatemala. (IPS)
Mexico Opens Its doors to Central American Migrants
By Daniela Pastrana
 MEXICO CITY/TAPACHULA– A few months ago, Candelario de JesúsChiquillo Cruz reached Mexico’s southern border and ran into a fence reinforced with barbed wire, while a barrier of police officers sprayed him with gas. Today, he is walking freely over the bridge that crosses the Suchiate River, a natural border with Guatemala.
Chiquillo, a 50-year-old from El Salvador, does not hide his pleasure at the welcome he has received in his new attempt to enter Mexico.
“It’s an opportunity that I have sought for a long time,” he told IPS on Jan. 22, as he showed the document with the number 0000004155128 issued by the Mexican government’s National Migration Institute (INM) in Tapachula, a city in the southern state of Chiapas, on the border with Guatemala.
This document will be exchanged in a few days for a “humanitarian visitor card” that will allow him to live and work in Mexico for a year.
“I congratulate Mexico for the position it has taken, allowing us to legally enter the country without being persecuted as migrants. What we want is an opportunity to work,” he says.
Mexico’s immigration policy has taken a 180-degree turn under the administration of leftist President Andrés Manuel López Obrador, who took office on Dec. 1.
On Jan. 17, the government opened the border to thousands of migrants coming in a caravan from San Pedro Sula, Honduras, fleeing violence, poverty and repression, and announced that it would issue humanitarian visas for the Central American migrants.
It also announced a new labour plan that incorporates Central American migrants into development projects in the southeast of the country.
The approach runs counter to Mexico’s policy in recent years, which focused on stiffening border security and militarisingthe southern border to keep migrants out.
With the Southern Border Plan of Lopez Obrador’s predecessor, the conservative Enrique Peña Nieto, thousands of people were deported and dozens died after resorting to more hazardous routes in the attempt to evade police controls.
The arrival of the new government coincided with an unprecedented immigration crisis that erupted in October. Since then, more than 15,000 Central Americans began a series of massive caravans to reach the United States, crossing almost 3,900 kilometers of Mexican territory on their journey.
But this sixth caravan, the third to originate in Honduras since then, have discovered a new policy that, in the words of INM commissioner Tonatiuh Guillén López, is aimed at “generating a new paradigm for the treatment of the migrant population.”
It also aims, he said, to give a boost to the joint development of the south of this country and the so-called Central American Northern Triangle, made up of Honduras, El Salvador and Guatemala. (IPS)
En Venezuela el poder se dirime ahora entre dos presidentes
Por Humberto Márquez
CARACAS– Venezuela entró en un nuevo e insólito túnel de confrontación política, con dos presidentes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, a la cabeza de las fuerzas que contienden por el poder y con los ciudadanos que masivamente regresan a las calles para manifestar su hartazgo por una crisis que los tiene exhaustos.
Ambos bandos “han subido fuertemente sus apuestas, no dan su brazo a torcer y los factores internos e internacionales que tradicionalmente operan como mediadores dan muestras de haber tomado partido”, observó a IPS Carlos Romero, exdirector de posgrados en Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela.
Guaidó (35), designado el 5 de enero presidente de la unicameral Asamblea Nacional Legislativa, juró este 23 de enero ante una multitud de seguidores en Caracas, y mientras cientos de miles marchaban en otras 50 ciudades, como “presidente encargado” de la República, para cesar “la usurpación” de Maduro, instituir un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.
Estados Unidos, Brasil, Canadá y otra decena de países americanos reconocieron de inmediato a Guaidó, a lo que respondió Maduro denunciando que “el gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para, a través de un golpe de estado, imponer un gobierno títere” en Venezuela.
Por ello, el gobernante ordenó romper relaciones diplomáticas y políticas con Washington y dio un plazo de 72 horas para que todos los diplomáticos estadounidenses abandonen el país.
Estados Unidos, por boca de su secretario de Estado, Mike Pompeo, desconoció la medida de Maduro y anunció que mantendrá a sus diplomáticos en Caracas pues así lo solicitó Guaidó, el presidente que reconocen.
Corren 72 horas cruciales tras lo cual sobrevendrían medidas más firmes, también pedidas por el gobierno del presidente Donald Trump.
Venezuela ha sido durante un siglo un abastecedor de petróleo de Estados Unidos y es actual destino de 47 por ciento de sus exportaciones, mientras importa no solo manufacturas de la nación norteamericana, sino insumos como componentes para poder elaborar gasolina. Pero ese comercio no ha aparecido en la ecuación del rompimiento.
El “fenómeno Guaidó” logró lo que parecía impensable hace solo semanas: reactivar en las calles masivos “cabildos abiertos”, que desembocaron en las gigantescas marchas opositoras del 23 de enero.
Esa es una fecha-talismán en Venezuela pues ese día de 1958 una sublevación cívico-militar liquidó la dictadura de casi 10 años del general Marcos Pérez Jiménez (1914-2001).
Maduro (56), en el poder desde 2013, resultó reelegido el 20 de mayo de 2018 en unos polémicos comicios en los que no participó la mayoría de la oposición, en buena parte inhabilitada, y desconocieron gobiernos de América y Europa.
El gobernante asumió este 10 de enero para un nuevo mandato de seis años, al que manifestaron desconocer el mismo día un grupo mayoritario de gobiernos americanos y la Unión Europea (UE).
El heredero Hugo Chávez, quien gobernó el país entre 1999 y 2013, año de su fallecimiento, también recibió el miércoles 23 el respaldo de centenares de adeptos, llegados hasta el Palacio Presidencial de Miraflores.
Igualmente, le respaldaron los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que este jueves 24 reiteraron su lealtad a Maduro en una serie de declaraciones. (IPS)
In Venezuela, Two Presidents Vie for Power
CARACAS– Venezuela entered a new and astonishing arena of political confrontation, with two presidents, Nicolás Maduro and Juan Guaidó, leading the forces vying for power, while Venezuelans once again are taking to the streets to demonstrate their weariness at the crisis, which has left them exhausted.
Both sides “have sharply raised the stakes, they’re not giving in and the internal and international factors that traditionally operate as mediators show signs of having taken sides,” Carlos Romero, former director of postgraduate studies in political science at Venezuela’s Simón Bolívar and Central Universities, told IPS.
Guaidó, 35, who was appointed president of the single-chamber National Legislative Assembly on Jan. 5, was sworn in on Jan. 23 before a crowd of supporters in Caracas – while hundreds of thousands marched in 50 other cities – as “interim president of the Republic”, to put an end to Maduro’s alleged “usurping” of power, create a transitional government and organise new elections.
The United States, Brazil, Canada and a dozen other countries in the Americas immediately recognisedGuaidó, to which Maduro responded by denouncing that “the imperialist government of the United States is directing an operation to, through a coup d’état, impose a puppet government” in Venezuela.
In response, Maduro cut off diplomatic ties with Washington and gave all U.S. diplomats 72 hours to leave the country.
The United States, through Secretary of State Mike Pompeo, ignored Maduro’s measure and announced that it would keep its diplomats in Caracas as requested by Guaidó, the president they recognise.
U.S. President Donald Trump also called for stronger measures.
For a century, Venezuela has been a supplier of oil to the United States, currently the destination of 47 percent of its exports, while it imports not only U.S. manufactured products, but also inputs such as components to make gasoline. But the flow of trade has not appeared in the breakup equation.
The “Guaidó phenomenon” achieved what seemed unthinkable just a few weeks ago: reviving the mass “open councils” in the streets, which led to the huge opposition marches on Jan. 23.
That is a key date in Venezuela because on that day in 1958 a civil-military uprising put an end to the almost 10-year dictatorship of General Marcos Pérez Jiménez (1914-2001).
Maduro, 56, in power since 2013, was re-elected on May 20, 2018 in controversial elections in which the majority of the opposition – much of which was disqualified – did not participate, and whose results were not recognised by many governments in the Americas and Europe.
The president took office on Jan. 10 for a new six-year term. That same day, a majority of governments in the Americas and the European Union (EU) said they did not recognise his government.
The heir to Hugo Chávez, who governed the country between 1999 and 2013, the year of his death, also received the backing of hundreds of supporters on Jan. 23, who crowded around the Miraflores Presidential Palace.
He was also backed by the commanders of the Bolivarian National Armed Force, who on Jan. 24 reiterated their loyalty to Maduro in a series of statements. (IPS)