México se ata al gas, a pesar de sus impactos / Mexico Sticks to Natural Gas, Despite Socioenvironmental Impacts

Por Emilio Godoy | MÉXICO

En su comunidad de pequeños agricultores y ganaderos en el norte en México, Aristeo Benavides ha atestiguado los daños de la industria del gas, que ha penetrado en las tierras colectivas alterando su forma de producir y de vivir.

“No nos dejan nada. Nos dicen que es por el progreso, pero es el de ellos. Siempre salimos perdiendo nosotros. Cuando perforaron pozos de gas, no cercaron los lugares, no han dado mantenimiento, no están bien atendidos. Aquí hay mucho agua subterránea que se puede contaminar”, denunció este ganadero vía telefónica a IPS.

Benavides vive a 500 metros del gasoducto Los Ramones II Norte, que discurre por cinco estados y fue vendido en 2017 por la estatal Petróleos de Méxicanos (Pemex) a dos entidades privadas: Infraestructura Energética Nova, filial de la estadounidense Sempra Energy, y el fondo de inversión BlackRock, también del país vecino.

La comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares, de 65 000 hectáreas de extensión y unos 6000 pobladores, se extiende por cinco municipios en el estado de Nuevo León, a unos 750 kilómetros al noreste de Ciudad de México.

Los ejidatarios (usufructuarios) de esa comunidad, de la que Benavides es su portavoz, vienen luchando hace años contra lo que consideran un acoso a su tierra de explotación comunitaria de la industria de hidrocarburos, habiendo obtenido algunos logros en los tribunales.

En los alrededores de sus tierras, Pemex perforó en 2013 dos pozos de gas mediante fractura hidráulica o fracking, la trepanación horizontal que requiere grandes volúmenes de químicos y agua para extraer la molécula enquistada en rocas profundas de esquisto o lutitas.

Académicos y organizaciones ambientalistas que se oponen a esa tecnología denuncian que contamina los mantos freáticos, induce sismos y emite gases de efecto invernadero, responsables del recalentamiento global.

En 2019, ambos pozos presentaron una fuga de gas, por lo que demandaron a Pemex que los sellase. “Les hablamos varias veces, se tardaron una semana en repararla. Pero no han regresado a examinarlos. Además, la gente roba gas del ducto, puede pasar una desgracia”, dijo Benavides.

A pesar de los conflictos sociales y las secuelas ambientales, México prosigue y acelera la ruta de la gasificación del país mediante el tendido de gasoductos y la construcción de plantas eléctricas, apoyado en importaciones baratas desde Estados Unidos, fomentada por la reforma energética de 2013 que abrió el sector al capital privado, extranjero y local.

En el norteño estado de Sonora, el pueblo yaqui, uno de los 67 grupos originarios que viven en México, logró frenar desde 2017 la construcción del gasoducto privado El Oro-Guaymas, en una campaña que generó fricciones entre los indígenas y que dejó muertos, heridos y daños materiales.

La obra “se analizó, se hizo una consulta, se valoraron los daños y se trabajó en reparar y mitigar afectaciones. Siete pueblos dieron aprobación, pero uno no. Sintieron que es un riesgo y no creo que la empresa quiera violentar a la gente”, reseñó a IPS vía telefónica Tomás Rojo, portavoz yaqui, desde la comunidad de Vícam.

En 2017, habitantes del pueblo Loma de Bácum desenterraron tuberías e impidieron la finalización del megaproyecto, de 330 kilómetros de largo y 18 de los cuales atraviesan esa comunidad.

En agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los yaquis para desviar el trayecto del ducto y evitar ese territorio, para de esa manera concluir el tendido.

México ocupa el puesto 12 como productor de petróleo en el mundo y el 17 en extracción de gas, el 20 en reservas probadas de crudo y 37 en depósitos probados de gas natural, pero su posición en la industria petrolera declina por la escasez de hidrocarburos de fácil extracción.

Desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2018, el izquierdista López Obrador fomenta los combustibles fósiles, pero la producción interna de gas va a la baja, desde los 6401 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) en 2015 a 4853 de septiembre, pues el impulso recae en el crudo.

Las exportaciones cayeron, de 2700 mpcd en 2015 a 1000 en septiembre, y las importaciones, de 1415 mpcd en 2015 a 843 en septiembre, debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) quema de nuevo combustóleo.

Para su distribución por el extenso territorio de este país de 130 millones de habitantes, se ha desplegado una red de gasoductos, con 27 tendidos estatales y privados que se extienden por 18 889 kilómetros. Además, CFE construye un tramo en el sudoriental estado de Yucatán, hay otros tres en proyecto para trasladar el combustible al sur y sureste, mientras otros tres están detenidos por oposición comunitaria.

Las receptoras del gas son 48 plantas termoeléctricas, de ciclo combinado –que queman gas para generar vapor para electrici­- dad– y turbogas, tanto estatales como privados. A ese lote se sumarán otros 10 ciclos combinados en construcción. (IPS)

Un anuncio publicitario de gas doméstico en una parada de buses de la capital de México. El gobierno del país impulsa la explotación, distribución y consumo de este combustible, pese a los conflictos sociales y los impactos ambientales que acompañan el desarrollo de su industria. Foto: Emilio Godoy/IPS

Mexico Sticks to Natural Gas, Despite Socioenvironmental Impacts

By Emilio Godoy | MÉXICO

In his community of small farmers and ranchers in northern Mexico, Aristeo Benavides has witnessed the damage caused by the natural gas industry, which has penetrated collectively owned landholdings, altering local communities’ way of life and forms of production.

“They leave us nothing,” the farmer told IPS over the phone. “They tell us it’s for progress, but it’s their progress. We always lose out. When they drilled gas wells, they didn’t fence in the areas, they didn’t provide maintenance, the wells aren’t well cared for. There is a lot of underground water here that can be contaminated.”

Benavides lives 500 metres from the Los Ramones II Norte gas pipeline, which runs through five states and was sold in 2017 by the state oil company Pemex to two private entities: Infraestructura Energética Nova, a subsidiary of the U.S.-based Sempra Energy, and BlackRock, a U.S. investment fund.

The community of Benavides Grande and Benavides Olivares, with an area of 65,000 hectares and some 6,000 inhabitants, covers five municipalities in the state of Nuevo León, about 750 km northeast of Mexico City.

The members of the community, whose spokesman is Benavides, have been fighting for years against what they consider harassment and invasion of their collectively owned land by the oil and gas industry, and have achieved some victories in the courts.

In the vicinity of their land, Pemex drilled two gas wells in 2013 using hydraulic fracturing or fracking, a drilling technique that requires large volumes of chemicals and water to extract natural gas embedded in deep shale.

Academics and environmental organisations opposed to fracking argue that it pollutes water tables, induces earthquakes and emits greenhouse gases responsible for global warming.

In 2019, both wells experienced gas leaks, and the community demanded that Pemex seal them. “We talked to them several times, it took them a week to repair the leaks. And they haven’t come back to examine them. Besides, people steal gas from the pipeline, and a tragic accident could happen,” Benavides said.

Despite the social conflicts and environmental consequences, Mexico has stepped up the pace of the gasification of the country, laying pipelines and building power plants, supported by cheap imports from the United States and encouraged by the energy reform of 2013 that opened the industry to private national and international capital.

In the northern state of Sonora, the Yaqui people, one of the 67 indigenous groups living in Mexico, managed to block the construction of the private El Oro-Guaymas gas pipeline since 2017, in a campaign that generated friction among native communities and left people wounded and dead, as well as causing material damage.

The construction project “was analyzed, a consultation for public input was held, the damage was assessed and work was done to repair and mitigate the effects,” Tomás Rojo, a Yaqui spokesman, told IPS by telephone from the community of Vícam. “Seven towns gave their approval, but one did not. They felt it was a risk, and I don’t think the company wants to commit violence against the people.”

In 2017, residents of the village of Loma de Bácum dug up pipes and prevented the completion of the 330-km-long mega-project, 18 of which run through that community.

In August, President Andrés Manuel López Obrador signed an agreement with the Yaquis to divert the route of the pipeline to skirt that area, making it possible to finish laying the pipeline.

Mexico is the world’s 12th largest oil producer and 17th largest natural gas producer. It ranks 20th in terms of proven oil reserves and 37th in proven natural gas deposits. But its position in the oil industry is declining due to the scarcity of easily extractable hydrocarbons.

Exports fell from 2,700 mpcd in 2015 to 1,000 in September, and imports from 1,415 mpcd in 2015 to 843 in September, because the state-owned Federal Electricity Commission (CFE) is burning fuel oil again.

A network of gas pipelines, with 27 state-owned and private lines covering 18,889 km, has been deployed for distribution throughout the vast territory of this country of 130 million people.

In addition, the CFE is building a section in the southeastern state of Yucatan, and three others are planned to carry the fuel to the south and southeast, while another three have been blocked by opposition from local communities.

The gas is received by 48 thermoelectric, combined-cycle plants – which burn gas to generate steam for electricity – and turbogas units, both state-owned and private. And another 10 combined-cycle plants are under construction. (IPS)